La cooperación jurídica internacional y la asistencia judicial entre los Estados, mediante la suscripción de instrumentos internacionales, constituyen los eslabones más importantes en la lucha contra la delincuencia internacional en especial tratándose de delitos de lavado de dinero, corrupción, trata de personas, lesa humanidad, entre otros, máxime que los sujetos activos de este delito, en su inmensa mayoría son integrantes de la delincuencia organizada transnacional.
Estos delitos de trascendencia internacional, representan una gran afectación a los sistemas económicos nacionales e internacionales, al debilitar la integridad de los mercados financieros y generar la pérdida de control de la política financiera; actualmente estos delitos tiene una fuerte repercusión en los sistemas de seguridad pública y nacional de los Estados. Concientes de ello, la comunidad internacional ha emprendido esfuerzos para prevenir y combatir estos flagelos, a través de estándares plasmados en tratados internacionales y en otras iniciativas multilaterales.
La ratificación y reconocimiento por parte del Estado Mexicano de diversos instrumentos internacionales tendientes estos fenómenos delictivos, ha ejercido en el sistema jurídico mexicano fuerte influencia, prueba de ello es la tipificación de estos delitos en el Código Penal Federal, así como una serie de normas de carácter secundario.
Por ello la cooperación jurídica internacional y la asistencia judicial entre los Estados constituyen los eslabones más importantes en la lucha contra la delincuencia internacional, en especial tratándose del lavado de dinero, máxime que los sujetos activos de este delito, en su inmensa mayoría son integrantes de la delincuencia organizada transnacional.
En el contexto actual, resulta clara la necesidad de potenciar el uso de los mecanismos de cooperación que están contemplados en diversos instrumentos internacionales vigentes, consecuentemente, se debe favorecer entre los operadores jurídicos una interpretación avanzada y flexible acorde con las dimensiones político-criminales del problema y la naturaleza supranacional del mismo, al mismo tiempo se debe facilitar los cauces de cooperación más modernos y ágiles que permitan la comunicación directa entre autoridades policiales y judiciales, lo cual implica un amplio intercambio de información, la coordinación de operaciones conjuntas, el rápido traslado de pruebas y otros mecanismos que permitan la eficacia en la persecución penal.
La ratificación de convenciones internacionales como acuerdos vinculantes celebrados entre los Estado parte, los obliga a ajustar sus marcos legislativos y reglamentarios para combatir maniobras ilícitas como las cometidas a través de acciones como las del lavado de dinero, de acuerdo a las circunstancias propias y marco legal mexicano.
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