Aprobación del nombramiento de los integrantes de la

La autonomía de que goza el Banco de México, paradójicamente, no le otorga ningún privilegio sobre el Congreso de la Unión, en reiteradas ocasiones las actitudes del Banco de México distan mucho de respecto a la transparencia esperada por la sociedad y por el Poder Legislativo.

La actitud del Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión, en este caso con la Cámara Alta, ante los evidentes retrasos de nombramientos de funcionarios de puestos estratégicos para el Estado Mexicano, lesiona el respeto que debe de existir entre poderes, debilita el pleno funcionamiento de las instituciones del Estado Mexicano.

El parteaguas alcanzado en 1997 con la pérdida de la mayoría absoluta del PRI en el Congreso, mismo que provocó la transmisión política en el seno del Congreso se encuentra paralizado, la participación  del Senado en la designación de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México debería ser primordial para asegurar la imparcialidad, capacidad técnica y su vinculación con la sociedad, debiendo ser una mayoría calificada de legisladores quienes llevarán a cabo todo el proceso, desvinculándolo del Ejecutivo Federal. Para ello es pertinente realizar una revisión exhaustiva al marco legal en pro de configurar una nueva relación entre el Banco de México y el Congreso.

La participación del Senado en la aprobación de los nombramientos de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco Central, debe considerarse el “veto de censura” a que hace alusión el Voto Particular de la Ministra Olga Sánchez Cordero, ya que éste constituye una mera opinión , ya que el Poder Legislativo no participa en la designación correspondiente, su intervención se da en forma posterior a que dicho evento ocurre, sin que con ello se invadan las facultades del Ejecutivo, ni se restringe su libertad para nombrar funcionarios.

Compartiendo el texto de Alejandro Nieto sobre “El Derecho Secuestrado”, nos encontramos ante un monopolio estatal del Derecho, ya que la creación, aplicación y ejecución del derecho la realiza el Estado, donde las leyes están al servicio de los intereses de los partidos políticos dominantes: tanto por intereses propios como los que han asumido de los grupos de presión.

El Senado tiene la oportunidad de sentar un importante precedente histórico al impulsar un proceso de evaluación y elección transparente, objetivo y de cara a la sociedad.