Fiscalización y Rendición de Cuentas: Fuerza Legitimadora del Estado

En nuestro país, la fiscalización y la rendición de cuentas ocupan un lugar preponderante en las agendas políticas; sin embargo, esta importancia muchas veces no ha correspondido a una verdadera autonomía e independencia y el poder de los órganos de contraloría y la estructura fiscalizadora tradicionalmente subordinada al Poder Ejecutivo. Sirve de ejemplo el reciente Seminario de la Reforma Política, donde varios de los ponentes se pronunciaron a favor de la implementación de tal ejercicio.

México, como país en vías de desarrollo, padece una crisis de Estado al ir perdiendo su legitimidad respecto de la sociedad a la cual debe servir. La gestión

de la transparencia no sólo debe verse como gestión pública sino como herramienta de regulación de las políticas públicas.

Para cumplir con su cometido, la administración pública federal cuenta con los convenios de colaboración y coordinación intergubernamentales; sin embargo, para dar congruencia y funcionalidad a la normatividad, se requiere definir con disposición y consenso de los distintos actores un nuevo diseño en el proceso de planificación y control de la gestión de los recursos públicos.

Si se eleva a rango constitucional la obligación de la regulación de la rendición de cuentas y transparencia de manera homogénea en los convenios de colaboración, no sólo generará políticas públicas que permitan un federalismo efectivo sino también se formarán mecanismos preventivos contra la corrupción y el abuso del poder, que permitan de manera eficiente controlar el ejercicio mediante un sistema de sanciones.

La experiencia internacional nos revela que los gobiernos con mejores resultados en la rendición de cuentas son aquellos que cuentan con tribunales en la materia ya que sus resoluciones tienen efecto vinculatorio y también imponen sanciones; además son autónomos del Poder Ejecutivo.

Dentro de la nueva estructura de participación se deben incluir a los municipios, como sujetos obligados por ley, a la rendición de cuentas y transparencia de recursos públicos, siendo necesario redefinir las facultades y atribuciones de los tres órdenes de gobierno, a efecto de que maneje con soberanía sus recursos.