La reforma del Estado debe incluir un debate acerca de la política de defensa y el instrumento militar, para delimitar la actuación de las fuerzas armadas, las que sólo podrán intervenir a solicitud y en auxilio de las autoridades civiles federales competentes, ante casos en que se cometan delitos que pongan en riesgo la seguridad interior o la seguridad nacional, referidos al narcotráfico y otros ilícitos de la delincuencia organizada, vinculados al mismo.
El Estado de Derecho demanda el establecimiento de un marco estratégico en el que se fije un horizonte temporal y acotado de la actuación del ejército en tareas de seguridad, para ello se requiere que en las instituciones policiales, se refuerce ka profesionalización, liderazgo, mecanismos de control y rendición de cuentas, generación de doctrina policial, desarrollo de inteligencia y contrainteligencia en materia de seguridad pública, diseño y ejecución de programas preventivos y de participación ciudadana, obtención de resultados y generación de confianza. Es necesario contar con un banco de datos serio y confiable así como indicadores de desempeño.
Urge una revisión al marco legal para cubrir la laguna respecto a la definición de seguridad interior, para que partiendo de la clara diferenciación entre seguridad nacional, seguridad pública y seguridad interior se realicen las adecuaciones necesarias a la normatividad.
El Poder Legislativo debe en coherencia con el proceso de tránsito a la democracia y vigencia del Estado de Derecho, ejercer facultades de control legislativo en el desempeño militar, para integrar a las fuerzas armadas al proceso de democratización, rendición de cuentas y transparencia del Estado Mexicano.
Urge una reforma de fondo en materia de justicia militar para evitar violaciones a los derechos humanos y dar la debida protección a las victimas, cuyos derechos son ampliamente reconocidos nacional e internacionalmente.
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